ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya
4 - 22 de febrero, 2010 |
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Argentina reclama ante el gobierno británico el inicio de actividades extractivas en las Islas Malvinas.
La compañía inglesa Desire Petroleum PLC contrató los servicios de la plataforma escocesa Ocean Guardian—que pertenece a la empresa Diamond Drilling—para que realice trabajos de exploración en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas o Falklands, en donde se estima que existen hasta 3,5 mil millones de barriles de petróleo y 9 billones de pies cúbicos de gas natural. Para el gobierno argentino el inicio de estas actividades de exploración viola su soberanía sobre las Islas Malvinas y, en particular, sobre las aguas circundantes. En efecto, el gobierno de ese país acaba de firmar un decreto por el cual cualquier barco que se dirija hacia las islas a través del mar argentino, deberá pedir autorización.
Como se recordará en 1982 el gobierno del Reino Unido ganó la guerra con Argentina por el control de las islas Malvinas o Faklands, las cuales conforman un archipiélago ubicado al Sur del Atlántico, a 480 km de distancia de La Patagonia, y que desde entonces se encuentran bajo ocupación británica. Para el gobierno británico no existen dudas respecto de su soberanía sobre las islas, lo que queda demostrado con el pleno apoyo dado por este país al desarrollo del sector petrolero en esos territorios, otorgando las respectivas concesiones mediante las cuales se llevan a cabo las operaciones de exploración y eventual explotación de hidrocarburos.
Sin embargo, el gobierno argentino considera que las actividades de exploración alrededor de las islas en zonas cercanas a la placa continental argentina constituyen una violación al derecho internacional. Por ello no sólo protestaron ante organismos y foros internacionales por la vía diplomática, sino que también establecieron restricciones a los barcos que partían de tierra firme con dirección hacia las islas. A pesar de eso, ha sido poco lo que realmente pudo conseguir para evitar que la Ocean Guardian llegue a las islas, salvo los gestos de apoyo de otros gobiernos como los de Venezuela y Brasil.
Cabe mencionar que en 1998 se realizaron perforaciones en las islas Malvinas en un marco de cooperación en materia de hidrocarburos entre ambos gobiernos, cuya finalidad era superar la disputa por la soberanía. Sin embargo, el acuerdo culminó en el 2007 por decisión de Argentina.
En todo caso, las perforaciones de los años 90 ya indicaban importantes cantidades de hidrocarburos, 60 mil millones de barriles de petróleo de alto grado, según el informe de la Revista Oficial de la Geological Society of London. Pero en ese momento, con el barril de petróleo a un precio menor a US$ 20, extraer ese petróleo en altamar no era viable en términos comerciales. En cambio ahora la situación es totalmente diferente, no solo por la alta demanda de crudo sino también por el actual precio por barril que bordea los US$ 80.
Además de Desire Petroleum PLC, que empezará la perforación de ocho pozos en Marzo, las otras empresas que operan hasta el momento en las islas son también británicas: la Rockhopper Exploration PLC y Borders & Southern Petroleum PLC. A estas últimas, se podrían sumar otras compañías petroleras que han manifestado recientemente su interés en empezar con las actividades de perforación, que son la Falkland Oil & Gas y su socia BHP Billiton, también británicas.
El reclamo argentino se dio justamente por la llegada de la plataforma Ocean Guardian a las aguas que rodean a las Islas Malvinas, lo que para muchos especialistas significa una nueva versión del conflicto que tradicionalmente ha enfrentado a ambos países. Pero también, se entiende que Argentina proteste ante un posible acceso excluyente de los ingleses a esos recursos, pues la producción de gas y petróleo en Argentina está en caída (36.15 millones de metros cúbicos de petróleo y 48.14 millones de metros cúbicos de gas estimados para el 2010, que es 4.3% menos en el caso del petróleo y 3.7% en el del gas respecto al año pasado). Entonces, no es raro que se especule en Argentina respecto a la cantidad de ingresos que podría obtener el país por concepto de regalías, en el hipotético caso de que las islas estuviesen bajo su jurisdicción.
Problemas productivos de las empresas estatales de Ecuador y México.
Las empresas petroleras estatales de Ecuador y México—Petroecuador y PEMEX, respectivamente—atraviesan por una etapa de caída en los niveles de producción, atribuida principalmente a la falta de nuevas inversiones en el sector petrolero de estos países.
En Ecuador, la producción petrolera descendió 19.000 barriles de crudo por día en el 2009 respecto al 2008, año en que la producción alcanzó los 505.000 bpd, lo que significa que la mayor participación del estado en la producción de petróleo no ha significado mayores niveles de producción.
En ese sentido, el Gobierno ecuatoriano espera que la situación de Petroecuador mejore cuando se firmen los nuevos contratos con las petroleras privadas. Por ello, el gobierno ha amenazado a las compañías privadas si estas no acuerdan renegociar los contratos vigentes. Efectivamente, el presidente Rafael Correa señaló que les devolvería a las petroleras privadas el monto invertido para que se marchen del territorio ecuatoriano, si no aceptan modificar los actuales contratos.
Hay que recordar, al respecto, que esta negociación no es nueva sino que está en curso –y sin fin a la vista- desde hace muchos meses. En efecto, este gobierno heredó un marco contractual en el cual el petróleo que se extrae se reparte entre las compañías privadas y el Estado ecuatoriano. Las reformas hasta ahora implementadas por el Gobierno del Presidente Correa se ha centrado en modificar el marco fiscal de esos contratos, incrementado de manera sustantiva los impuestos que pagan las empresas. Pero, ya desde hace tiempo el Presidente Correa propuso un nuevo modelo de contrato propuesto por el Gobierno, el objetivo es que el Estado les pague a las empresas por los servicios de extracción y mantener la propiedad del recurso. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera (AIH), José Luis Zirit, ha solicitado al gobierno ecuatoriano la presentación de los parámetros para negociar el nuevo modelo contractual y poder llegar a un acuerdo.
Similarmente, en México—aunque ya formalmente se terminó la reforma energética—continúa el debate alrededor de si las empresas privadas deben participar o no en actividades estratégicas exclusivas del Estado, pues la actual situación de PEMEX parece que así lo demanda. En ese sentido, algunos especialistas sostienen que la nueva legislación del sector sigue siendo obsoleta y que, por lo tanto, es necesario impulsar una segunda ronda de reformas en materia petrolera que permita la participación de las compañías privadas en actividades reservadas constitucionalmente para el Estado y de las que se encarga PEMEX.
Este debate tiene varios aspectos. Por ejemplo, el gobierno mexicano advierte de una futura escases de petróleo pues de acuerdo a los reportes oficiales de los últimos diez años (1999-2009) las reservas probadas de hidrocarburos se han reducido 42.6 %, casi a la mitad, al pasar de 24,900 a 14,300 millones de barriles de petróleo. No obstante, según las actividades exploratorias que realiza la propia PEMEX, entre el 2001 y 2009 se han descubierto alrededor de 231 yacimientos, de los cuales la mayoría todavía están aun sin explotar. Al respecto, diversos especialistas mexicanos coinciden en señalar que la actual industria petrolera de ese país se caracteriza por su inercia y por la ausencia de una lógica de creación de valor, manteniendo una política energética que privilegia la extracción por sobre cualquier otra actividad de la industria petrolera.
Tanto Petroecuador como Pemex atraviesan un momento clave que pone en agenda el debate en torno al rol de las compañías petroleras privadas y las inversiones que realizan en esta industria. A pesar de tener en ambos casos marcos legales y contextos políticos distintos, la actual situación de estas empresas estatales ha comprometido la productividad del sector energético en ambos países, situación a la que aun no parece encontrarse una solución.
Empresa chilena Gas Atacama está interesada en industrializar gas boliviano.
Medios de comunicación chilenos informaron que la compañía distribuidora de gas y energía eléctrica chilena Gas Atacama estaría negociando con el actual gobierno boliviano el desarrollo de proyectos de industrialización del gas en ese país.
Como se sabe, Bolivia es uno de los países que posee las mayores reservas de hidrocarburos en la región, sin embargo no cuenta con la infraestructura adecuada para exportarlo. Por ello, el gerente general de Gas Atacama, Rudolf Araneda, señaló que es posible que los representantes de ambos países lleguen a un acuerdo para lograr darle mayor valor agregado a la producción de gas boliviano mediante su industrialización. Cabe mencionar que Chile depende del gas para abastecer a las mineras que operan en el norte de ese país y esta sería una oportunidad para implementar un proyecto energético que asegure su abastecimiento.
En ese sentido, todo parece indicar que Gas Atacama está muy interesada en el gas boliviano, pues según el presidente del Comité Civico Potosinista (COMCIPO) Celestino Condori, desde la Paz llegó a Potosí un documento que contenía la propuesta de la compañía chilena en la cual manifestaba su interés en pagar por la totalidad del uso de las aguas del fronterizo Rio Silala y asumir el costo de su deuda histórica por un diferendo que tradicionalmente ha enfrentado a ambos países, pero a cambio el estado boliviano le debería de otorgar gas y para ello construir un gasoducto hacia el norte de Chile.
Ya en el 2002, Gas Atacama había manifestado su interés por el gas boliviano, cuando ese mismo año empresa chilena habría intentado negociar la exportación de gas natural desde Bolivia a través de una conexión ubicada en el lado argentino de su gaseoducto trasandino, con la finalidad de abastecer a un proyecto petroquímico y otros proyectos mineros en el norte chileno, que es el principal área de influencia de la compañía.
Sin embargo, el presidente Evo Morales aclaró que no existen conversaciones para construir un gasoducto hacia el norte de Chile a cambio del pago por el consumo de las aguas del rio Silala. En ese sentido el canciller David Choquehuanca reafirmó que este tipo de negociaciones se llevan a cabo entre Estados y no entre las empresas y las organizaciones sociales. Respecto al tema del rio Silala indicó que la decisión de aceptar o rechazar la suscripción de un acuerdo sobre el uso de sus aguas se realizará a fin de mes.
Respecto a la particular oferta chilena, Evo Morales mencionó que el equipo técnico de hidrocarburos espera debatirla durante las próximas semanas. El presidente boliviano señaló también que ha recibido una serie de importantes ofertas de otros países relacionadas con la industrialización del hierro y el litio, en ese sentido indicó que tomará en cuenta todas las propuestas y no descartará ninguna sin un análisis previo.
Sources: BBC, Clarin.com, El Mercurio, The Guardian, The New York Times, Pagina 12, La Razón, El Comercio (Peru), La República (Peru), Perú 21, Eldeberdigital.com, El Universal, El Universo, La Jornada
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U.S. Said to Allow Drilling Without Needed Permits - The New York Times
Australia Gas Deal Renews Tension - Financial Times
Charged With Fraud, Nigeria's Ruling Party Leader Resigns - Reuters
Western Senators Propose Ban on Pacific Drilling - The New York Times
To Limit Corruption around Mining in Africa, Follow the Money - The Globe and Mail
Court Backs Oil Project - The New York Times
Transparency Increases, But There Is Still a Long Way to Go - The Phnom Penh Post
IMF Develops Project to Help Africa Deal with Illicit Trade - African Manager
Three-day Conference on Africa's Natural Resources Starts in Tanzania - Standard Times Press
After Oil Rig Blast, BP Refused to Share Underwater Spill Footage - ABC News
Finger-Pointing, but Few Answers at Hearings on Drilling - The New York Times
Complaints Over U.N. Prize Sponsored by Equatorial Guinea's Obiang - Reuters
Guide: Community-Company Grievance Resolution for Australian Mining Industry - Oxfam Australia (pdf)
Cote D'Ivoire: President for Life, and Then Some - The New York Times
In Midst of Massive Spill, Oil Industry Fighting Transparency and Accountability - Oxfam America
Leaked Oil Contracts in DRC Threaten Resource Wars and $10 Billion Rip-Off by British Company - Carbon Web
Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries
Contract transparency is sorely needed to improve the management of natural resource wealth. In a new report from RWI, authors Peter Rosenblum and Susan Maples delve into government and private sector objections to contract disclosure and make conclusions about what information may legitimately and reasonably be kept confidential, and how civil society institutions can better confront the challenge of secret deals.
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NEW TRANSLATION: Revenue Redistribution at the Local Level
Many resource-rich countries are attempting to compensate their producing regions through shares of resource revenues to be spent at the local level. In "Extractive Industries Revenues Distribution at the Sub-National Level," development economics consultant Matteo Morgandi presents a comparative analysis of international legislation for distribution of extractive revenues from across all levels of government. Prepared at the request of the Peruvian National Congress, the report studies the legislative practices of seven resource-rich countries to identify potential and address challenges. Please note that this report is now also available in Vietnamese.
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